Latest Updates

Más que cualquiera de sus antecesores, el presidente Álvaro Uribe ha convertido la lucha contra los insurgentes en la prioridad esencial y en el objetivo central de su gobierno. Gracias a algunos logros modestos alcanzados en el campo de batalla, se ha comenzado a restablecer una sensación de seguridad pública. Sin embargo, la Política de Seguridad Democrática (PSD) de Uribe, que es la estrategia de largo plazo que se suponía iba a darle coherencia al proyecto de seguridad, se encuentra estancada desde hace casi un año debido a las pugnas políticas internas y a las discusiones fundamentales sobre la mejor manera de ponerle fin a este conflicto de 40 años de duración.

Dieciocho meses después de la ruptura de las conversaciones de paz entre su predecesor y el principal grupo insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de Uribe emprendió un proceso de negociación que entraña altos riesgos y a la vez grandes beneficios potenciales con el principal grupo paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que pondrá a prueba tanto su capacidad como su buena fe.

Este informe del ICG sostiene que es esencial emprender de inmediato una acción mucho más decidida para enfrentar la crisis humanitaria en Colombia. Las dificultades y los sufrimientos masivos se han convertido en una forma constante de vida, en la medida en que el conflicto armado se ha extendido e intensificado.

Si bien es cierto que el conflicto armado colombiano tiene profundas raíces históricas, el hecho es que día a día se ve más afectado por el ingreso de armas, explosivos y precursores químicos a su territorio, y es financiado por el egreso de drogas ilícitas.

Los primeros cien días del nuevo gobierno llegaron y pasaron, y los colombianos siguen abrigando grandes esperanzas de que el presidente Álvaro Uribe saque al país de su prolongada crisis mediante el fortalecimiento de la seguridad y la resolución de la guerra civil que se libra desde hace decenios.

Álvaro Uribe se posesionó como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2002, investido con un sólido mandato electoral para cumplir su promesa de fortalecer la autoridad del Estado y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El 10 de marzo de 2002, poco más de dos semanas después de la terminación del proceso de paz con la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), los colombianos eligieron nueva Cámara de Representantes y Senado.

En febrero del 2002 se rompieron las negociaciones destinadas a poner fin a la confrontación más aguda de la guerra civil en Colombia, que lleva ya varios decenios. Casi cuatro años atrás, el recién elegido presidente Andrés Pastrana había iniciado conversaciones con los principales grupos revolucionarios del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de un gran entusiasmo y esperanza.